Se publicó ley anticorrupción que modifica la responsabilidad penal de las personas jurídicas

La semana pasada se publicó la Ley 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción. Este cuerpo legal aumenta las penas de los delitos de cohecho y soborno, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y agrega nuevos delitos a la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Dentro de las innovaciones más destacables, se extiende la aplicación de las normas sobre anticorrupción y probidad a las relaciones privadas, elevando el estándar de probidad penal exigible a los particulares en el tráfico comercial. Así, esta modificación permite sancionar el soborno sin necesidad que se verifique la participación de un funcionario público. Se incorpora un párrafo 7° bis al Título VI del Libro Segundo del Código Penal, que sanciona al empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro, así como al que diere, ofreciere o consintiere en dar dicho beneficio.

En este contexto, se agregó al catálogo de delitos contenidos en la Ley 20.393 los ilícitos de negociación incompatible, la corrupción entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Es esperable que, tanto la extensión de los deberes de probidad al ámbito privado como la ampliación de los delitos susceptibles de generar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, genere una actualización en los modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos, vigorizando las estrategias de compliance penal en la gobernanza corporativa.