Proyecto de Ley que exige la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura.

Proyecto de Ley que exige la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura genera divergencias en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados.

Indicación propone exigir a los titulares de centros de cultivo destinar 3% de sus ganancias a la determinación de impactos ocasionados por la acumulación del material sedimentado en el sustrato de su concesión.

El 7 de agosto de 2018 se presentó la moción, respaldada por un grupo transversal de parlamentarios, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objetivo de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura (Boletín 12050-21). El pasado 6 de diciembre la Comisión de Pesca y Acuicultura aprobó la idea de legislar, fijando un plazo para presentar indicaciones.

El texto original de la iniciativa imponía a los titulares de concesiones cuyo objeto sea el cultivo de especies exóticas el deber de remover el material sedimentado que se acumule en el sustrato de su concesión, dentro del período de descanso que establezca el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). Asimismo, tipifica una infracción por la omisión de remoción de sedimentos, que podrá ser sancionada pecuniariamente y con la suspensión de las operaciones del centro.

Las diferencias han surgido con la presentación de indicaciones. Los diputados Boris Barrera (PC), Jorge Brito (RD), Alexis Sepúlveda (PRSD) y Camila Rojas (PH), propusieron facultar a la Autoridad Marítima para fijar vía reglamento los parámetros físico-químico y bioindicadores que den cuenta de la trama trófica que se desarrolla en los fondos de las balsas jaulas y sus espacios más próximos, junto con las magnitudes que debieran cumplir los titulares del centro de cultivo.

Asimismo, la indicación de la oposición indica que los titulares de la concesión deberán financiar estudios, ejecutados por una entidad independiente y visados por SERNAPESCA, para examinar el material sedimentado. Así, las empresas deberán remover los restos inorgánicos que generen sus operaciones y destinar un porcentaje de sus ganancias -no menor al 3% de sus utilidades-, a la investigación del impacto de sus faenas en el ecosistema y a la prevención de eventos que pudieran derivar en un daño ambiental.

Por su parte, el oficialismo formuló una indicación, suscrita por los diputados Bernardo Berger (RN), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Javier Hernández (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli), Pablo Prieto (RN) y Leónidas Romero (RN), cuyo objeto es precisar que el titular de la concesión o quien tenga un derecho sobre ella para el ejercicio de la actividad, deberá adoptar las medidas para evitar el depósito de material inerte en el fondo del centro de cultivo. En caso de infringir esta exigencia, se contempla la suspensión de operaciones por dos años.

Finalmente, el Presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Gabriel Ascencio (DC), señaló en la sesión de 12 de diciembre de 2018 sus intenciones de alcanzar un consenso en orden a prohibir la disposición de residuos inertes o inorgánicos en el fondo del mar, sancionando su contravención.

En este escenario, en el marco de la Comisión, se ha hecho notar que la obligación de limpieza del fondo marino presenta dificultades asociadas a la inexistencia de tecnologías apropiadas y oferentes que presten este servicio, así como profundidades en algunos casos que lo hacen impracticable. En esta línea, se coincidió en la necesidad de avanzar en sistemas que prevengan la caída de residuos, impidiendo la contaminación del fondo marino.

La Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara está compuesta por 6 diputados oficialistas, 4 diputados de la ex Nueva Mayoría (PS, PRSD y PC), 2 integrantes del Frente Amplio y su presidente, de la Democracia Cristiana.