Cecilia Urbina participa en conversatorio Nuevas áreas del Derecho en Chile
Actualidad Nacional
Una activa participación tuvo la abogada Cecilia Urbina, socia de VGC Abogados, en el conversatorio Nuevas áreas del Derecho en Chile, organizado por el diario La Tercera.
También intervinieron en la actividad el ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas; y los abogados Jaime Carey, socio de Carey, y Matías Balmaceda, socio de BCP Abogados.
Acerca del impacto de la pandemia en la administración de justicia en Chile, Cecilia Urbina afirmó que, si bien el mundo no estaba preparado para enfrentar esta emergencia ni para abordar el trabajo desde las casas, destacó que la tramitación electrónica de causas se aceleró rápidamente con un auto acordado de la Corte Suprema, lo que permitió sumar audiencias y alegatos por vía telemática.
En tanto, respecto de la presencialidad en el ejercicio profesional, consideró que ya no es posible volver a la normalidad anterior, sino que se debe encaminar a la flexibilidad, a un modelo híbrido, que demandará inversiones en tecnologías que actualmente son masivas.
Ante el impacto de esta nueva modalidad de trabajo en la espontaneidad de la interacción propia de los estudios jurídicos, valoró la existencia de plataformas tecnológicas que facilitan el contacto personal, aun cuando advirtió que hay un desafío en la formación de los abogados porque ello requiere de un esfuerzo consciente del abogado senior al junior para traspasar conocimientos, cultura y experiencia.
Sobre las acciones de Compliance en las empresas y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Cecilia Urbina explicó que el Compliance generalmente se asocia a modelos de prevención de delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, planteó que hoy ese concepto es más transversal y se entiende como un modelo para asegurar que se cumple con la normativa no solo penal, sino también la medioambiental, cuando hay regulaciones, autorregulaciones de una industria o asociadas al financiamiento, en los que debe cumplir con ciertos estándares.
En su opinión, más allá de la pandemia, el Compliance es un área que cambió a partir de la reforma de la institucionalidad ambiental, en 2010, momento en que las empresas comenzaron a incorporar ese cambio regulatorio, que cuenta con estándar OCDE en materia de fiscalización y sanciones, con un sistema sancionatorio con multas estándar OCDE, como la revocación de permisos, multas de US$8 millones, clausuras.
También destacó que hay incentivos al cumplimiento -antes desconocido en la cultura regulatoria chilena-, que se insertan en los modelos de las empresas y en la toma de decisiones de gestión de riesgos ambientales, ya que ello permitirá estar preparadas para demandas sociales, denuncias o fiscalizaciones y así enfrentar mejor al aparato estatal, al estándar del financiamiento o la autorregulación.
Respecto de la actividad creciente de la autoridad ambiental, señaló que actualmente el tema ambiental forma parte del núcleo duro del riesgo en las empresas y que cambió el paradigma en cuanto a lo que la sociedad está dispuesta a asumir y las demandas que se esperan del Estado y las empresas, en cómo se relaciona el medio ambiente y la comunidad, subiendo el estándar.
En los últimos seis años, aseguró, el Compliance ha permitido que las empresas estén mejor preparadas para saber dónde están sus riesgos de cumplimiento. En ese sentido, estimó que se debe ser realista en cuanto a que no es posible cumplir mil o tres mil exigencias, por lo que se busca saber dónde están los riesgos, dónde se genera mayor impacto o bien los riesgos internos de cumplimiento de la organización.
Estos modelos, explicó, permiten identificar y priorizar dónde están las exigencias ambientales más riesgosas poner allí sus recursos, considerando que su planificación de una solución puede tomar años.
Y en lo que respecta a la propuesta constitucional en materia medioambiental, Cecilia Urbina concluyó que la discusión constitucional pone el foco en un cambio de paradigma del modelo antropocéntrico, por cuanto se propone un cambio de concepción de la relación del hombre con la naturaleza, como una demanda de la ciudadanía.
A su juicio, este cambio conlleva la discusión del modelo de desarrollo del país y el principal debate se centrará en cuál será la relación con los recursos naturales, los bienes apropiables e inapropiables y las áreas protegidas, si se permitirá la actividad minera en áreas protegidas, especialmente, considerando la realidad de Chile. Eso apunta, dijo, a que si se quiere ir a un modelo de desarrollo que no quiere depender de los recursos naturales, debería haber transiciones que implican decidir, por ejemplo, si se permitirá la actividad minera en áreas protegidas, como ocurriría con el litio.
