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Pablo Ortiz Chamorro, socio de VGC Abogados, comentó para diario El Mercurio, la posición del estudio respecto del proyecto de ley sobre delitos ambientales.

VGC participó en la reunión de abogadas y abogados coordinadores de estudios y fiscalías Pro Bono, a la que se sumaron representantes de firmas de la región y organizaciones que conforman la red Pro Bono de las Américas.

Servicio de Evaluación Ambiental y Tribunal Ambiental de Santiago robustecen el estándar exigible a la caracterización del área de influencia de los Proyectos inmobiliarios.

Con fecha 30 de enero de 2019 se dictó por el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental de Santiago la sentencia recaída en autos Rol R N°147-2017, que mantuvo la calificación ambiental desfavorable de un emblemático proyecto inmobiliario, por cuanto se trataba del primer edificio en la comuna de Estación Central rechazado en el SEIA —calificación reiterada posteriormente para otros proyectos inmobiliarios bajo los mismos criterios—, tanto en la instancia de evaluación ambiental ante la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, como en la instancia de reclamación de competencia del Director Ejecutivo del SEA.

EEn ese contexto, el fallo del Tribunal era esperado no sólo por los actores involucrados (SEA y Titular), sino que también por el sector Inmobiliario, estudios de abogados del área y consultoras ambientales, toda vez que en él se ratificaría, modificaría o desestimaría el nuevo estándar de evaluación del componente Medio Humano para proyectos inmobiliarios que se desarrollen en zonas urbanas.

Para dichos efectos, uno de los aspectos relevantes de la sentencia radica en que señala que el requerimiento de la autoridad de incorporar a la descripción general del área de influencia de una DIA, proyectos inmobiliarios adicionales al evaluado, “no constituye una solicitud excesiva por el solo hecho de ir más allá de contenidos que, como dice la ley, son ‘mínimos’ para una DIA”, en la medida que sea motivada.

Así, para el caso en comento, el requerimiento se justificaba en la existencia de otros proyectos de edificación ubicados en la misma área y el déficit regulatorio, atendida la falta de un instrumento de planificación territorial propio que otorgara mayor escrutinio al ente evaluador en materias como altura de edificación y densidad poblacional máxima.

Lo expuesto adquiere importancia porque la nueva “Guía para la Descripción de Proyectos Inmobiliarios en el SEIA”, vigente a partir del pasado 11 de marzo de este año, va en línea con el criterio del Tribunal al establecer que para la evaluación de los impactos ambientales en su condición más desfavorable, la identificación de éstos “deberá considerar la caracterización del área de influencia con los proyectos con RCA aprobada y, respecto de los proyectos que no requieran ingresar al SEIA, se considerarán únicamente los que cuenten con permisos de edificación vigentes o con recepción final aprobados, que puedan ser relevantes y que justifiquen su consideración”.

En ese sentido, hoy se cuenta con un criterio uniforme de ambas autoridades de la institucionalidad ambiental en la determinación de qué proyectos inmobiliarios adicionales incluir en la evaluación de casos similares al expuesto, dejando atrás las dudas que se plantearon en torno a los lineamientos del Director Ejecutivo del SEA al respecto, conociendo de recursos de reclamación, y la hoy derogada “Guía Proyectos Inmobiliarios que se desarrollen en Zonas Urbanas” (2017).

Modificaciones al Impuesto Verde se encuentran entrampadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Recientemente (enero de 2019), los Parlamentarios de oposición de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (RD-PC-PS-PPD-DC) entregaron al Gobierno el documento titulado “Condiciones para legislar en materia tributaria”. Un punto de alta criticidad consiste en la integración en los dos tramos más altos del impuesto global complementario, lo que, a juicio de la Oposición, sería regresivo, significando un retroceso respecto de la Reforma Tributaria promulgada en el Gobierno de Michelle Bachellet.

En este orden de ideas, el 14 de marzo, el Ministro de Hacienda recibió de manos del Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (Pablo Lorenzini) un documento que contiene el análisis de la oposición sobre el debate general en torno al proyecto de modernización tributaria. Dicho documento sistematiza los puntos centrales que el Ejecutivo respondió con miras a alcanzar un acuerdo amplio que permita obtener el respaldo de los Diputados y aprobar la idea de legislar.

La votación de la idea de legislar, que inicialmente estaba fijada para el día miércoles 20 de marzo quedó postergada para el 10 de abril, con el objetivo de destrabar las negociaciones. Sin embargo, ante un eventual rechazo, el Ejecutivo podría comprometer indicaciones sustitutivas que incluyeran mecanismos más progresivos de compensación, con el objeto de reunir los votos en la Sala y pasar a la discusión particular.

Otra alternativa, es que el Gobierno solicite que el Mensaje pase a la otra Cámara. En esta, requerirá de la aprobación de dos tercios de sus miembros presentes. Como se aprecia, eventuales cambios al actual impuesto verde dependen del futuro de la modernización tributaria impulsada por el Ejecutivo. Para ello se requiere un amplio acuerdo político, que siempre implica concesiones de cada sector.

Entretanto, la aplicación de este tributo seguirá dependiendo de la potencia térmica instalada. El primer pago del impuesto ocurrió en abril de 2018, debido a la entrada en régimen del impuesto a partir del 1 de enero de 2017. La recaudación alcanzó US$ 191,3 millones que fueron pagados en un 94% por centrales termoeléctricas, principalmente aquellas a carbón, seguido por las termoeléctricas a gas, petcoke, biomasa y petróleo, respectivamente.