La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara está discutiendo el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger humedales urbanos (Boletín 11256-12), que fue despachado el mes pasado por el Senado. Dentro de los aspectos que más llaman la atención en el proyecto aprobado por la Cámara Alta, se entrega a las municipalidades el establecimiento, a través de ordenanza, de criterios mínimos de sustentabilidad respecto de los humedales que se sitúen dentro del radio urbano o periurbano.

Asimismo, se agrega una nueva causal de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que atiende a la ejecución de obras o actividades que puedan significar alteración física o química de humedales, indistintamente de su superficie. Por su parte, se modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones de manera de exigir que todo instrumento de planificación territorial incorpore los humedales existentes en su respectiva escala en calidad de área de protección de valor natural. Finalmente, el proyecto en tramitación considera a los humedales emplazados en áreas urbanas como bienes nacionales de uso público.

Las propuestas se sitúan en un contexto regulatorio caracterizado por una alta dispersión respecto del estándar de protección aplicable a estas superficies o extensiones cubiertas de agua. En este sentido, se ha planteado la necesidad de racionalizar su sistema de designación, declaración y reconocimiento, sopesando si el estatuto de protección vigente -centrado en la designación de humedales de importancia internacional vía Convención de Ramsar- permite una protección satisfactoria de estos ecosistemas, que permita su efectiva conservación y uso racional.

Cabe preguntarse si se justifica la generación de un estatuto especial para los humedales ubicados dentro del radio urbano o periurbano, en especial, cuando se recurre a instrumentos que no parecen los más idóneos. De una parte, se insiste en ampliar el catálogo de causales de sometimiento al SEIA -uno de los recursos más frecuentemente invocados en el Congreso cuando se discute sobre protección ambiental-, y de otra, se entrega a los municipios la definición de criterios de resguardo de las características ecológicas, de funcionamiento y de mantención del régimen hidrológico superficial y subterráneo de estas extensiones de agua, a través de ordenanza.

La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara ya inició el estudio del proyecto. El proyecto desconoce que se tramitan paralelamente en el Congreso otras iniciativas que tienen un objeto más amplio y que optan por instrumentos diversos. Así, por ejemplo, el Boletín 11935-33, en tramitación ante la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, y el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín 9404-12), en tramitación en el Senado.

La semana pasada se publicó la Ley 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción. Este cuerpo legal aumenta las penas de los delitos de cohecho y soborno, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y agrega nuevos delitos a la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Dentro de las innovaciones más destacables, se extiende la aplicación de las normas sobre anticorrupción y probidad a las relaciones privadas, elevando el estándar de probidad penal exigible a los particulares en el tráfico comercial. Así, esta modificación permite sancionar el soborno sin necesidad que se verifique la participación de un funcionario público. Se incorpora un párrafo 7° bis al Título VI del Libro Segundo del Código Penal, que sanciona al empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro, así como al que diere, ofreciere o consintiere en dar dicho beneficio.

En este contexto, se agregó al catálogo de delitos contenidos en la Ley 20.393 los ilícitos de negociación incompatible, la corrupción entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Es esperable que, tanto la extensión de los deberes de probidad al ámbito privado como la ampliación de los delitos susceptibles de generar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, genere una actualización en los modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos, vigorizando las estrategias de compliance penal en la gobernanza corporativa. 

Mediante el Acuerdo 20/2018, adoptado en la novena sesión ordinaria del presente año, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se pronunció favorablemente sobre la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a la Actualización de la Política Nacional de Uso de Borde Costero, proponiendo tal acción al Presidente de la República. Este acuerdo fue motivado por la solicitud del Ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, a partir de la propuesta del comité técnico convocado por el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, el que fue integrado por profesionales integrantes de la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero. No existió total consenso sobre este punto, en tanto el Ministro de Obras Públicas votó en contra y el Ministro de Agricultura (S) se abstuvo.

La relevancia de someter a la Política Nacional de Uso de Borde Costero a una EAE radica, entre otros aspectos, en la aplicación de mecanismos de participación en la generación del instrumento de planificación territorial. Cabe recordar que la Ley 21.074 entregó al Gobierno Regional la aprobación del proyecto de Zonificación del Borde Costero (ZBC), aunque su oficialización continúa verificándose mediante un Decreto Supremo dictado por el Ministerio de Defensa.

La modificación más trascendente en esta materia dice relación con el carácter vinculante de este instrumento, puesto que el texto legal mandata que la zonificación de borde costero sea reconocida por el PROT. En el marco de la reforma territorial, el PROT debe establecer, con carácter vinculante, condiciones de localización para la disposición de residuos y sus sistemas de tratamiento y condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística. Considerando que se exige la incorporación de la ZBC en el PROT, tendrá carácter vinculante para los ministerios y servicios públicos que operen en la región respectiva, tanto en la dictación de otros instrumentos de planificación, así como en el otorgamiento de permisos.

En este contexto, el Gobierno reactivó en el Senado la tramitación del Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín 8467-12), aprobado en 2013 por la Cámara, donde se busca que la ZBC tenga un proceso más expedito y que compatibilice los diversos usos, incluyendo los industriales y productivos, que actualmente estarían siendo omitidos en las propuestas de la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero.