Hace unos días se unió el estudio Barros Silva Varela & Vigil y ahora es Vergara Galindo Correa, especialistas en derecho ambiental, quienes se incorporan a Fundación Pro Bono, con el objetivo —dicen— de vincularse en problemáticas sociales contingentes, como asuntos de identidad de género y carcelarios, entre otros.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes los socios de la firma Winston Alburquenque y Pablo Ortiz, este último además coordinador pro bono, junto a la abogada María Eugenia Armisen; mientras que del organismo de voluntariado legal lo hicieron su presidente Pablo Guerrero y la directora ejecutiva Carolina Contreras. 

En ese contexto, Ortiz se refirió al interés de sumarse a la iniciativa señalando que “desde hace tiempo veníamos desarrollando actividades de asesoría legal gratuita, pero de manera poco orgánica, quedando supeditada a requerimientos particulares que, por distintas vías, llegaban a socios y asociados. Esta práctica sostenida demostraba claramente el interés del estudio por desarrollar un área de servicio vinculada a la convicción ética de que toda persona merece poder acceder a la justicia a través de una prestación de servicios del mejor estándar”. 

Vergara Galindo Correa es un estudio experto en asesoría de empresas estatales, evaluación de impacto ambiental y autorizaciones y permisos de autoridades, al igual que en fiscalización y cumplimiento. Asimismo, lleva litigios en casos de derecho constitucional, administrativo, civil y penal, además de desempeñarse en materias de recursos naturales, principalmente de minería y aguas. 

En total, la red cuenta actualmente con la participación de 35 firmas legales y 10 fiscalías de grandes empresas.